INEGI deberá censar asentamientos informales para así mejorar políticas de vivienda.

Se calcula que en América Latina viven aproximadamente 113.4 millones de personas (el 23.5% de los habitantes de las ciudades) en asentamientos informales.

A pesar de ello, en México no se sabe cuántos asentamientos de este tipo hay, cuántas personas viven en ellos y en qué condiciones.

¿Cómo se pueden establecer programas y políticas si no se cuenta con datos de los asentamientos?

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que realice las acciones necesarias para generar información estadística de las personas que habitan en asentamientos informales del país.

La ausencia de esa información es violatoria de los derechos humanos al impedir que se diseñen políticas públicas que abarquen a toda la población. La decisión surgió tras un amparo que TECHO realizó al INEGI por no censar asentamientos humanos del país.

En 2018, dicha organización no gubernamental, solicitó al instituto información sobre personas que viven en asentamientos informales. Tras reconocer que no contaba con esa información, TECHO decidió presentar un amparo contra esa omisión.

Luego de varios meses de litigio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atrajo el caso (expediente 635/2019) y finalmente resolvió en favor de la organización.

La sentencia de la Primera Sala, redactada por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, es histórica porque no sólo ordena al INEGI subsanar esta omisión, sino que es la primera vez que el más alto tribunal del país aborda la situación de los asentamientos informales y los reconoce como uno de los sectores más excluidos del país, principalmente por las violaciones que tienen en su acceso a una vivienda adecuada.

Asimismo, reconoce que la información estadística es un prerrequisito para que las autoridades puedan garantizar el derecho a la vivienda.

Kalycho Escoffié, abogado que colaboró en el caso, señaló que la sentencia “deja importantes precedentes para la defensa no solo del derecho a la vivienda, sino de los derechos económicos, sociales y culturales en general”.

También comentó que tiene “un efecto simbólico porque pone sobre la mesa la situación de los asentamientos como un asunto de derechos humanos y por lo tanto que debe ser atendido con esa lógica”.

Se propuso crear una mesa de diálogo y coordinación en la que participen representantes del INEGI, así como otros actores académicos y de la sociedad civil que trabajan con asentamientos humanos.