“Los 43 vienen a dar voz, no solo a ellos sino a todas las personas desaparecidas”, Yesenia Valdez en la mesa de análisis A 8 años de Ayotzinapa.

El 26 de septiembre a las 11:00 horas se llevó a cabo la mesa de análisis A 8 años de Ayotzinapa, moderada por la MAestra Verónica Orihuela y César Silva. Acompañados por la abogada Yesenia Valdez, de la Fundación para la Justicia, y la Doctora Diana Correa, del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey.

La conversación comenzó con la discusión sobre cómo se vio afectada la vida social después de un incidente como el de Ayotzinapa. Surgió la opinión de que los sucesos fueron, en cierta medida, positivos para la sociedad debido a que aumentó el interés hacia los casos de desaparición. Asimismo, se habló de qué las fechas, como el aniversario del 26 de septiembre, traen consigo un elemento conmemorativo que vuelve a la sociedad más solidaria.

A continuación se dialogó sobre las instituciones del país vulneradas. Las participaciones tocaron la merma de confianza de los ciudadanos hacia la administración pública y de la justicia. El caso confirmó que el país sigue falto de instituciones confiables y capaces para este tipo de situaciones.

Más allá de la carencia de leyes penales, se tiene que atribuir el mal funcionamiento a las personas e instituciones que las hacen efectivas; las mismas tienen falta de voluntad y de recursos. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil se ven sin recursos y atacadas a través del discurso oficial del gobierno.

La discusión prosiguió con el tema de las dinámicas de las Escuelas Normales y su impacto en el caso. Se rememoró la tradición de estas instituciones de luchar contra el sistema y la importancia de los movimientos estudiantiles. Asimismo, se habló de la importancia de las Normales en la formación de profesores en el medio rural y la fuente de trabajo y de educación que estas representan.

El segundo segmento de la conversación se enfocó mayormente en el gobierno a ocho años de lo acontecido en Ayotzinapa. Tanto la “verdad histórica” como el documento de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa aparentaron ajustarse a una verdad que responde a una agenda política y a intereses de partidos y políticos. Los hechos reflejaron un continuo actuar de los gobiernos y las fiscalías para pagar apagar la noticia y la demanda social.

El diálogo avanzó hacia cómo se debiera estructurar la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes y lo que la rodea. Se habló de cómo se está frente a un fenómeno de macrocriminalidad en el que los hechos no se ejecutaron solo por una parte de la delincuencia organizada, sino que se presentaron diferentes tipos de actores que responden a diferentes intereses y que se relacionan con el estado y miembros de la delincuencia.

Es necesaria una exigencia al gobierno para que se tengan instituciones autónomas en la investigación del caso, como fue el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) en su momento.

Para concluir la mesa de análisis, las participantes hicieron un llamado para exigir respuestas como ciudadanía para la obtención de la justicia para las familias y para el país; solidarizándose con las madres y padres que buscan a sus familiares.

Por Elías Barreto.